Situación del aborto en América Latina y El Caribe
Un reciente informe publicado en Infobae sostiene, en base a estudios de organizaciones que vienen analizando y monitoreando, la situación del aborto en el mundo -como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Amnistía Internacional (AI), el Instituto Guttmacher y otras organizaciones de diferentes países de la región-, que el 97% de las mujeres de América Latina y El Caribe viven en países donde la interrupción voluntaria de embarazos está severamente restringida por las leyes.
En Uruguay, Distrito Federal (capital de México), Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico actualmente es legal. El resto de los países de la región oscilan entre la prohibición absoluta del aborto (con penas de prisión tanto para las mujeres que abortan como para quienes lo practican) y la prohibición con algunas pocas excepciones. Dichas excepciones son tres, usualmente reconocidas en los códigos penales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la mujer gestante y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevida. Sin embargo, es sabido que son cotidianas las trabas burocráticas y las dificultades cuando de hacer cumplir dichas excepciones se trata, esto hacen que se superen los tiempos establecidos por las leyes vigentes, por lo que por acción u omisión los derechos de esas mujeres terminan siendo vulnerados, sin que estos actos tengas consecuencias sancionatorias y/o punitivas para quienes los llevan adelante.
Todo esto ocurre en un contexto donde la vida de las mujeres, y otras/os sujetas/os que se apartan de las normas de género y la heterosexualidad obligatoria, está marcada por múltiples violencias, entre ellas las sexuales que provocan embarazos no planificados ni deseados o embarazos que se vuelven por distintas razones inviables en determinados momentos de la gestación. Los sistemas de salud presentan fuertes restricciones económicas e ideológicas (objeción de conciencia, sinonimia entre mujer y madre), para la provisión de anticonceptivos. En estas condiciones las prácticas de aborto se vuelven altamente inseguras para la vida y la salud de las mujeres, esto sin menospreciar el enorme esfuerzo que hacen una cuantiosa cantidad de organizaciones y redes para lograr políticas públicas por el acceso al aborto seguro y/o con la puesta en marcha de servicios específicos.
Las situaciones en América Latina van desde un país permisivo, como Uruguay (aunque organizaciones feministas señalan que hay numerosas trabas para el cumplimiento de la voluntad de las mujeres), donde la despenalización ocurrida en 2012 redujo significativamente las cifras de muertes de mujeres gestantes, hasta encontrar en el lado opuesto el escenario de El Salvador, donde legisladores de la Alianza Republicana Nacionalista, presentaron un proyecto para aumentar las penas a las mujeres por aborto, hasta 50 años de cárcel. Siete países de América Latina prohíben el aborto en cualquier circunstancia.
El informe de Juan E. Méndez, Relator Especial en la Asamblea de la Naciones Unidas, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es contundente al expresar que “denegar el acceso al aborto seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos. Los Estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto que perpetúan la tortura y los malos tratos al negar a las mujeres el acceso al aborto y la asistencia en condiciones de seguridad”.
Como señalan Zurbriggen y Anzorena “El debate de la justicia reproductiva, el derecho al aborto y la redistribución de los recursos concretos para su pleno ejercicio –educación sexual, acceso a la anticoncepción y aborto seguro- constituyen demandas incumplidas en las democracias latinoamericanas. Los procesos de democratización mantienen grandes deudas con quienes habitamos la región (…), estas deudas son de especial significancia en un contexto muy heterogéneo y desigualado en cuanto a experiencias de opresión reproductiva entre las niñas, las migrantes, las discapacitadas, las desplazadas, las encarceladas, las víctimas de tráfico o las refugiadas”.
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